Diez sindicalistas del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca, entre ellos su secretario general, fueron detenidos hoy acusados de asociación ilícita y extorsión, en una investigación en la que otras cuatro personas están prófugas.
Diez miembros de la antigua cúpula de la Uocra Bahía Blanca, incluido su ex líder Humberto Monteros, fueron detenidos esta madrugada en varios allanamientos durante los cuales se hallaron cinco millones de pesos y 100 mil dólares, en una causa que investiga los delitos de asociación ilícita y extorsión a empresarios de la construcción, informaron fuentes judiciales y policiales.
En el marco de uno de los allanamientos realizados en una vivienda de Monte Hermoso, donde se encontraba Monteros, los investigadores hallaron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares escondidos en bolsas, cajas y bolsos, así como también una pistola calibre 9 milímetros y estupefacientes para consumo.
Los policías también hallaron en esa casa una máquina para contar dinero y secuestraron en los otros procedimientos una motocicleta con pedido de secuestro y hasta plantas de marihuana y dinero en efectivo.
Durante los operativos, además de Monteros y José Burgos, ex secretario adjunto del gremio, fueron detenidos otros ocho ex dirigentes del gremio bahiense: Pablo David Gutiérrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez, Anibal Aranda y David Muñoz.
Otros cuatro se encuentran prófugos y eran buscados esta tarde por la policía.
Las detenciones tuvieron lugar durante la madrugada en un operativo de la Policía bonaerense, en el marco de 19 allanamientos en una causa en la que se investigan delitos de asociación ilícita en concurso real con más de 40 hechos de extorsión.
Los operativos, que también se llevaron a cabo en Coronel Suárez y Bahía Blanca, fueron encabezados por el jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni, y contaron con la participación de más de 300 policías, entre ellos integrantes del Grupo Halcón.
La investigación se inició de oficio en octubre pasado por la Fiscalía General a cargo de Juan Pablo Fernández, y se asignó al fiscal Gustavo Zorzano, quien con distintos elementos pidió los allanamientos a la jueza de Garantías Marisa Promé.
La investigación comenzó poco después de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hiciera referencia “a mafias” por obras paralizadas en la ciudad y la región.
La gobernadora había hecho referencia a mafias que vinculó con las obras en rutas, y puso como ejemplo la 51 y 60, que, sostuvo, “están paralizadas y tienen serias dificultades por decisión de un delegado de la Uocra (José) Burgos, que no sólo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a contratar determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento, en un acto claramente corrupto”.
El fiscal Fernández señaló que “a las 5 de la madrugada comenzaron diferentes operativos, de un total de 19 allanamientos, donde se produjo la detención de diez personas todas ellas ex dirigentes con distintas jerarquías en la Uocra, entre ellos Monteros y Burgos, secretarios general y adjunto”, respectivamente.
“Se les atribuye prima facie la comisión del delito de asociación ilícita en concurso real con extorsiones reiteradas de distintos hechos realizados en Bahía Blanca y la zona”, explicó.
El fiscal sostuvo también que en la vivienda de Monteros en Monte Hermoso “se secuestraron más de 5 millones de pesos y otros 100 mil dólares, una pistola 9 milímetros y cocaína para consumo personal”.
“Era un grupo de personas dirigidas y organizadas por los dos jefes máximos de la Uocra local, Monteros y Burgos, que dirigían a los restantes partícipes de esta asociación ilícita”, con un modo de operar “en función del cual coaccionaban y extorsionaban a empresarios del ramo de la construcción”, agregó respecto a los ex integrantes del gremio.
Según se indicó, el sistema consistía en pedir a las empresas “sumas de dinero o contratar las empresas de ellos mismos o vinculadas a familiares -con sobreprecios-, que les dejaban importantes ganancias bajo apercibimiento de paralizarle las obras o de hacerle asambleas”.
El fiscal puso como ejemplo que “hay extorsiones que van desde los 400.000 a los 750.000 pesos”, y aclaró que el monto dependía de “la importancia de la empresa o la envergadura de la obra a realizar”.
En ese sentido, comentó que “iban de 2.000 pesos, 30.000 hasta 750.000, como el caso de una empresa que tenía que reparar una turbina de la Central Termoeléctrica Piedra Buena, en Ingeniero White”.
Agregó que había también “extorsiones menores a quienes construían una casa o departamentos” y en esos casos exigían el pago de “dinero mensual y durante todo el plazo de la obra, en beneficio de dichos dirigentes”.
“No hemos hecho un cálculo total de la sumatoria de dinero pero estamos hablando de millones de pesos”, afirmó en referencia a los 40 hechos investigados.
El fiscal dijo que “si un sólo hecho importó 750.000 pesos, otros 400.000, otros con sumas mensuales de 30.000, 40.000, es mucho dinero con un tiempo de tres o cuatro años para atrás”.
“Muchos de los pagos se hacían en forma mensual y aquí entran en juego las distintas personas que formaban parte de la organización como los del sindicato que iban a buscar el dinero el delegado determinado de dicha obra, que en muchos casos eran impuestos por el propio sindicato”, agregó.
El fiscal afirmó que “los jefes son Monteros y Burgos en la asociación ilícita y los demás tenían distintos roles como congresales y delegados, entre otros, siempre dentro del sindicato de la UOCRA”.
Fernández comentó también que los gremialistas “obligaban a que contraten a empresas de servicios -como baños químicos, de viandas y de ropa de trabajo- que pertenecían a allegados a las familias de los gremialistas”.
Los diez detenidos fueron trasladados a la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones de Bahía Blanca y a la unidad Penal de Villa Floresta de Bahía Blanca, donde en las próximas horas serán indagados por el fiscal Zorzano.